Pobreza y programas asistenciales en México desde el

Pobreza y programas asistenciales en México desde el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Introducción
En México se han desarrollado a lo largo del tiempo programas que atienden los problemas de pobreza, principalmente estructurados a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Inicialmente pensé realizar un análisis de los programas antipobreza, en los cuatro últimos sexenios: 1988-1994, Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL); 1994-2000, Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA); 2000-2006, Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; 2006-2012, Programa Vivir Mejor contra la Pobreza Extrema, pero en la reflexión de comentarios a lo largo de los grupos de trabajo y foros me percate de que se han desarrollado muchos análisis al respecto y el estado del arte es vastísimo para que en esta monografía pudiese abordar algún tema de interés y no atendido anteriormente.
En la búsqueda de información y de las lecturas realizadas me percate de la importancia de abundar sobre el tema de las familias, en tanto se generan mediciones de la pobreza considerando indicadores que toman como unidad de análisis a los hogares. En esa lógica me detuve a pensar en una institución que desde hace ya mucho tiempo ha despertado mi interés: el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), toda vez que es el organismo encargado de la asistencia social en el territorio nacional, lo que como política pública tiene como objetivo la atención de los grupos marginados y vulnerables.
Otra de las razones que me han movido al desarrollo de esta monografía es que el DIF define como su visión el desarrollo de políticas públicas con perspectiva familiar y comunitaria, que identifico, ya sea contraria a la perspectiva de género, o que puede desplazarla.
Las mediciones para atender la pobreza en México.
A partir del año 2002 se conforma el Comité Técnico de Medición de la Pobreza en México, que ha propuesto la metodología basada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares (ENIGH) que realiza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), con ella se registra el ingreso per cápita total por persona como el indicador de bienestar, incluyendo ingresos monetarios como no-monetarios. En el año 2004 entra en vigor la Ley General de Desarrollo social, por la que la definición, identificación y medición de la pobreza recae en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).
Según la metodología oficial, existen tres líneas de pobreza: “pobreza alimentaria”, identifica a población cuyo ingreso es inferior al necesario para adquirir una canasta suficiente de alimentos; “pobreza de capacidades”, que se refiere al ingreso que permite cubrir las necesidades mínimas de alimentación, pero que es insuficiente para realizar la inversión necesaria en la educación y la salud para cada miembro del hogar; “pobreza de patrimonio”, considera la población que cuenta con el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, educación y salud (superior a la línea de pobreza de capacidades), pero que no les permite adquirir los mínimos aceptables de vivienda, vestido, calzado y transporte, para cada uno de los miembros del hogar.
El CONEVAL como responsable de establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, obligatorios para las entidades y dependencias públicas implementadoras de programas de desarrollo social, resuelve que la información que debe emplearse es la que genere el INEGI, y debe contener al menos los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita; rezago educativo promedio en el hogar; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación; y grado de cohesión social.
Medición y ocultamiento.
De acuerdo a la reunión de expertos sobre pobreza y género de la CEPAL, además de la recomendación de medir el ingreso per cápita, se planteo que un aporte especialmente importante del enfoque de género a la comprensión de la pobreza era su capacidad para mejorar la comprensión del funcionamiento de los hogares, visibilizando las asimetrías de poder entre sus miembros, las desigualdades en relación con la toma de decisiones y la distribución de recursos. De esta manera, contribuía a abrir la “caja negra” del hogar y a entenderlo más como una trama de relaciones en las cuales está presente tanto el conflicto como la solidaridad, y no como una unidad en la cual todos los miembros tienen las mismas necesidades y gozan de igual acceso a los recursos. (CEPAL, 2003)
Es importante diferenciar a la familia del hogar o unidad doméstica. Las unidades domésticas son grupos residenciales conformados por un conjunto de personas -ligadas o no por lazos de parentesco- que comparten la vivienda, un presupuesto común y una serie de servicios y actividades imprescindibles para la reproducción cotidiana de sus miembros. Las familias se constituyen sólo a partir de relaciones de parentesco, que se liga con un sistema de jerarquías, vínculos y reciprocidades sociales por las que cada integrante ocupa una determinada posición social. Las familias no siempre comparten un mismo espacio residencial. Cuando las investigaciones se centran en la unidad doméstica tienden a destacar aspectos socio estructurales y económicos (la manera en que se satisface el consumo, la distribución del gasto doméstico, las actitudes y conductas y/o estrategias adoptadas para lograr algún bien u objetivo en pro de la colectividad, etc.). Esta línea de reflexión suele predominar en aquellas situaciones en las que adquieren relevancia las funciones económicas de la familia. Cuando se enfatizan aspectos socio simbólicos y culturales, la formación de los valores y la afectividad, es la familia la dimensión que sale a relucir. Familia y unidad doméstica son conceptos que necesariamente se superponen y complementan. (Oliveira, 2003)
EI problema de las mediciones de pobreza que tienen el hogar como base, es que vuelven invisibles las desigualdades dentro del hogar respecto a fines y medios, ejemplo de ello es la distribución desigual de la comida en la familia: alimentar primero a los hombres, en particular a los hombres adultos, y darles las raciones más escogidas y abundantes. Las normas y valores que justifican esas prácticas son suscritas por hombres y mujeres por creencias culturales sobre las necesidades y contribuciones relativas de los diferentes miembros del hogar, así como temores sobre las consecuencias de violar prácticas aceptadas e ideologías de altruismo y autosacrificio femeninos. Las desigualdades en la distribución de los derechos materiales se traducen en desigualdades en la satisfacción de las necesidades básicas. Además, los derechos asimétricos producen una diferencia importante en las trayectorias por las que diferentes miembros del hogar se vuelven más pobres. La dimensión de género en los procesos de pobreza emana del acceso limitado de las mujeres a los derechos materiales, y de su dependencia desproporcionada de los normativos. (Kabeer, 1994)
De los aportes de género al análisis de la pobreza se pueden sintetizar los siguientes aspectos principales: a) Destacan la heterogeneidad de la pobreza y, por tanto, aportan a su mejor comprensión y a un diseño más ajustado de las políticas para erradicarla; b) Permiten una nueva mirada que relaciona el comportamiento de hombres y mujeres; c) Mejoran el análisis del hogar, destacando en especial las asimetrías de poder tanto de género como de generaciones al interior de ellos; d) Aportan una perspectiva multidimensional de la pobreza, con el análisis de los múltiples roles desarrollados por hombres y mujeres; e) Permiten apreciar otras discriminaciones que se combinan con las de género como las de edad y etnia; y f) Agregan una visión dinámica del fenómeno de la pobreza al mostrar sus cambios en el tiempo. (Arriagada, 1998)
La pobreza tiene impacto en la esfera doméstica. Las formas de organización y convivencia familiar se han modificado en unos aspectos y permanecido inalteradas en otros; el modelo del jefe-proveedor exclusivo ha perdido vigencia; se han reestructurado las estrategias de organización familiar y se han alejado de los patrones tradicionales las formas de convivencia entre géneros y generaciones, aunque persisten fuertes inequidades en el interior de las familias y entre sectores sociales. Conforme el nivel de escolaridad y de recursos económicos es más bajo, la subordinación de las mujeres es mayor. Sin embargo, las nuevas imágenes que surgen sobre el papel de las mujeres en el contexto global han coadyuvado al cuestionamiento de los modelos tradicionales de familias y a la redefinición del papel de los varones. Las concepciones idealizadas sobre la familia operan como elementos de resistencia, como obstáculos hacia e! logro de formas alternativas de convivencia familiar menos conflictivas y más igualitarias donde hombres y mujeres compartan el ejercicio pleno de sus roles de esposos / as, padres y madres, sin que las mujeres tengan que optar por la domesticidad en detrimento de su desarrollo personal. El incipiente proceso de desinstitucionalización de la vida familiar en algunos países y sectores sociales, y la flexibilización de los modelos de autoridad familiar, responden a las tendencias hacia la mayor individuación y autonomía personal, pero no pretenden quebrar el rol de sostén económico, emocional e identitario que ha tenido históricamente la familia en nuestra sociedad. (Oliveira, 2003)
La perspectiva de género sobre la pobreza hace énfasis en que el ingreso doméstico no se puede equiparar al bienestar individual, por lo que es fundamental la desagregación de información y de estrategias para asegurar que la reducción de la pobreza se traduzca en resultados equitativos en el seno del hogar, con atención a los medios y a los fines. La equidad de género implica reconocer que las necesidades pueden ser priorizadas de manera diferente por mujeres y hombres, y que los derechos pueden tener diferentes impactos para su autoestima y su autonomía. (Kabeer, 1994)
Hipótesis de trabajo.
La política asistencial en México, por medio del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, promueve el ocultamiento de la situación de las mujeres en las familias mexicanas por medio de la inclusión de la perspectiva de familia, lo cual lleva a que los programas de tipo asistencial no sean eficaces para el combate contra la pobreza.
Perspectiva de género versus perspectiva de familia
El 18 de diciembre de 2002, la resolución 57/164 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, “Preparación y observancia del décimo aniversario del Año Internacional de la Familia”, determina en algunas de las argumentaciones:
“…Recordando que en los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas sobre derechos humanos así como en los planes y programas de acción mundiales correspondientes se pide que se conceda a la familia la más amplia protección y asistencia posible, teniendo presente que en diferentes sistemas culturales, políticos y sociales existen diversas formas de familias,
Destacando que la igualdad de mujeres y hombres y el respeto de los derechos humanos de todos los miembros de la familia son esenciales para el bienestar familiar y de la sociedad en general, y señalando la importancia de conciliar el trabajo con la vida familiar, …”
Y en su resolución tercera, establece:
“3. Exhorta a los órganos de las Naciones Unidas, organismos especializados, comisiones regionales y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesados, en especial las organizaciones relacionadas con la familia, a que hagan todo lo posible para poner en práctica los objetivos del décimo aniversario del Año Internacional de la Familia, integrando la perspectiva de familia en los procesos de planificación y adopción de decisiones;”
Más allá de esta resolución, no existe otro documento que trate la perspectiva de familia o familiar en la ONU, aunque según se ha encontrado el Instituto de Política Familiar (IPF) impulsa la perspectiva de familia y promueve que se considere a la familia como “patrimonio de la humanidad” en Naciones Unidas. Hertfelder, presidente del IPF, en entrevista declaró:
“a través de esta importantísima iniciativa de los Objetivos del Milenio se están promoviendo, junto a otras muchas acciones que deben ser valoradas muy positivamente, dos de los ataques más graves que en nuestro tiempo soporta la familia: la ideología radical de género y los llamados derechos de salud sexual y reproductiva”
En México se realizó en junio de 2008 el Primer Congreso Mexicano de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia con el objetivo de constituir un grupo de coordinación permanente e institucional entre políticos de distintos grupos y tendencias pero que destacan por su acción de gobierno con perspectiva de familia.
Más allá de las diferentes notas y referencias sobre grupos –caracterizados por su tendencia conservadora y de derecha– para el análisis tomaré el marco referencial sobre la perspectiva familiar y comunitaria que define el Sistema Nacional DIF.
Según este marco referencial, la familia: Es la que prepara a las personas para ser responsables no sólo de las generaciones que las anteceden sino también de las que vendrán; La familia educa en la lengua, la higiene, las costumbres, las creencias, las formas de relación legitimadas socialmente y el trabajo; La familia desempeña funciones clave, uno de suma importancia es el proveer los conocimientos, habilidades, virtudes y relaciones que permiten que una persona viva la experiencia de pertenencia a un grupo social más amplio; La familia introduce a las personas que la constituyen en el compromiso con las normas justas, con el cumplimiento de sus deberes, con la búsqueda no sólo de bienes placenteros sino de bienes arduos que exigen esfuerzo, constancia, disciplina. Desarrollo Integral de la Familia: Es el proceso que orienta al conjunto de capacidades y competencias adquiridas por los miembros de la familia, a potenciar los vínculos establecidos interna y externamente, así como a aminorar y/o superar la vulnerabilidad, según su circunstancia. Cultura familiar y comunitaria: Es aquel conjunto de valores, costumbres, hábitos, actitudes y formas de interrelación que refuerzan, fomentan o detonan las dinámicas de integración familiar y comunitaria, y como consecuencia previenen los riesgos de la vulnerabilidad y la exclusión social. Perspectiva Familiar y Comunitaria: Es el enfoque que revalora a la persona a través de su dimensión familiar y comunitaria, parte del reconocimiento a la dignidad de la persona humana, como fin en sí mismo, y opera mediante el desarrollo integral de la familia y la relación con otras instancias, en especial, con la comunidad.
Siguiendo el mismo marco de referencia, la perspectiva familiar y comunitaria identifica a la mujer como un miembro fundamental en la familia, como persona en igualdad de derechos, y considera necesario revertir una cultura arraigada en la discriminación de cualquiera de sus miembros, lo que necesariamente deberá estar en relación con el concepto de diacronía social. Se habrá de tener siempre en cuenta que esto no supone voluntarismo. Define “Política Familiar” como: la que construye la familia, y que el Estado reconoce y propone como un bien para todos. El sujeto activo, el protagonista, es la familia; el Estado es subsidiario, y reconoce el bien que supone para el propio Estado que la sociedad se reconstruya desde dentro. Para esto, es necesario que sean las propias familias y las organizaciones de la sociedad civil quienes manifiesten lo que necesitan para el mayor crecimiento de sus miembros y la mejor respuesta a su misión social. Asimismo, define a la “Política Pública con Perspectiva Familiar y Comunitaria” al conjunto de medidas o instrumentos de la política pública social que, de una manera articulada, global, transversal e integral, están encaminadas a reconocer, apoyar, proteger y promocionar a la familia y sus tareas insustituibles que lleva a cabo. En las conclusiones del texto se registra: La familia es la forma de vida social mejor adaptada para asegurar la educación, la presencia, la solidaridad y las diversas atenciones.
A pesar de que en este marco de referencia se hace alusión a la perspectiva de género como un enfoque que acompaña a la perspectiva de familia, solo cabría que se considerasen los roles que actualmente desempeñan las mujeres en las familias para identificar en quien recae la educación, la presencia, la solidaridad y las atenciones familiares.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia tiene presencia en todas las entidades federativas de la República Mexicana, para las que cuentan con su sistema DIF estatal cada una de ellas, además de la presencia estatal, en el nivel municipal tiene cobertura en al menos mil 100 municipios de un total de 2 mil 445, constituyéndose en una red de redes con el DIF Nacional.
Sus objetivos estratégicos son: Coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada para brindar servicios en la materia por medio de programas, lineamientos y mecanismos de seguimiento y operación; Fortalecer e impulsar el desarrollo integral de la familia, a través de la promoción y aplicación de políticas públicas, programas y acciones; Promover la igualdad de oportunidades para el desarrollo de la persona, la familia y la comunidad, en situación de riesgo o vulnerabilidad social; Prevenir los riesgos y la vulnerabilidad social con la participación corresponsable del individuo, la familia y la comunidad, bajo el principio del desarrollo humano sustentable; Profesionalizar los servicios de asistencia social mediante el diseño y la aplicación de modelos de atención, criterios normativos de calidad, competencias laborales, investigaciones y sistemas de información; Difundir y promover el respeto a los derechos de la infancia en coordinación con organismos internacionales, gobiernos, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil.
Su programa de atención a la infancia y adolescencia, tiene prevista la atención a niñas, niños y adolescentes fronterizos; Trabajo infantil urbano marginal; Prevención de riesgos psicosociales; Programa de prevención y atención de embarazos en adolescentes (PAIDEA); Promoción y difusión de los derechos de la niñez; Atención a la salud del niño; Centros de asistencia infantil comunitarios (CAIC); Centros asistenciales de desarrollo infantil (CADI); De la calle a la vida; Programa de atención integral a niñas, niños y adolescentes en desamparo; y Desayunos.
El programa de atención a familias y población vulnerable, consiste en: Asistencia jurídica familiar; Atención a la violencia intrafamiliar y maltrato al menor; Protección a la familia con vulnerabilidad; Boletín del sistema de aseguramiento de calidad alimentaria; Desarrollo comunitario “comunidad diferente”; Atención integral a personas adultas mayores sujetas de asistencia social, y Campamentos recreativos.
Además tiene un programa para atender a personas con discapacidad con diferentes acciones, así como el programa para la atención de adultos mayores y en materia de prevención, atiende: Prevención de la discapacidad; Prevención de la explotación sexual comercial infantil; Prevención de embarazos en adolescentes; y Prevención de riesgos psicosociales.
Como se puede constatar el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, conformado en la red de redes constituye una de las instituciones de mayor consolidación geográfica y de atención a muchas de las necesidades de población con mayores necesidades económicas y con status de vulnerabilidad.
Programa Anual Institucional del Sistema Nacional DIF
De acuerdo al programa en el año 2008 del Sistema Nacional DIF, realizará los siguientes: Programas y Estrategias Institucionales: I. Programa de Atención a Personas con Discapacidad; II. Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia; III. Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable; IV. Programa para el Desarrollo de Políticas en Materia de Asistencia Social; y Programas de Innovación a la Calidad.
Para el propósito del análisis me centraré a la revisión del programa de atención a familias y población vulnerable, para la que se subdivide el programa en las siguientes acciones: a) Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA); b) Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente”; c) Asistencia Social y Jurídica a Familias; y d) Atención a Personas y Familias en Desamparo.
La estrategia integral de asistencia social alimentaria tiene como objetivo: contribuir a mejorar las condiciones nutricias de los sujetos de asistencia social, involucrando a la familia y la sociedad de manera organizada y brindando los elementos formativos a la población atendida para mejorar sus condiciones de manera sostenible. Para alcanzar el objetivo se basan en 7 políticas que determinan las prioridades a atender, de las que para el tema que se aborda cabe mencionar las siguientes:
“1. La familia es la unidad básica de crecimiento de nuestra sociedad, en donde las personas se relacionan a través de lazos conyugales, filiales, fraternales o parentales, con funciones naturales y sociales orientadas hacia el desarrollo integral de sus miembros y el bien común de la sociedad y reciben los fundamentos básicos de su desarrollo. Por lo tanto las estrategias contemplan a la familia de manera integral, como el eje articulador de los programas y acciones.
5. Todo programa buscará, desde el diseño, contar con la aceptación del sujeto de asistencia social que es a su vez miembro de una familia y una comunidad. Esto implica que deberán ser necesarios, satisfactorios y adecuados a las prácticas culturales y familiares de sus destinatarios. Por tanto, deben involucrar a los sujetos de la asistencia en la toma de decisiones para que la estrategia se adapte al destinatario y no el destinatario a la estrategia.”
Impulsar procesos de organización comunitaria y participación social (en localidades de alta y muy alta marginación), tendientes a la generación de capacidades que permitan a los actores sociales promover y gestionar procesos de desarrollo integral en el marco de sus contextos locales es el objetivo de la estrategia integral de desarrollo comunitario “Comunidad DIFerente”. Entre las políticas y estrategias de operación destaca: Impulsar un modelo de prestación de servicios asistenciales para centros de desarrollo comunitario de DIF.
La estrategia de asistencia social y jurídica a familias, se divide en los rubros: Asistencia Jurídica Familiar; Atención a la Violencia Intrafamiliar y Maltrato al Menor; Regularización Jurídica de Menores y Adopciones; y Enlace y Coordinación con Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia.
Para la asistencia jurídica familiar, se determina en sus políticas o estrategias de operación: Brindar los servicios de apoyo, orientación social y jurídica a las personas en condiciones de vulnerabilidad, enmarcados en un esquema preventivo, buscando que los conflictos de intereses familiares se diriman por la vía conciliatoria y tiendan a la obtención de acuerdos que beneficien a las parejas involucradas y a la vez se evite que los menores sufran daños irreversibles en su esfera jurídica, psicológica y social.
Dar asistencia psicosocial a los menores entre 0 y 18 años de edad, que sufren violencia física, emocional o ambos, ejecutados por actos de acción u omisión, pero siempre en forma intencional, no accidental por padres, tutores o personas responsables de éstos, es el objetivo de la estrategia de atención a la violencia intrafamiliar y maltrato al menor, de sus política destaca: Definir las causas que generan la violencia familiar y el maltrato de los menores, para promover en las instituciones oficiales y privadas que proporcionen servicios asistenciales; Promover permanentemente la atención profesional y expedita de los servidores públicos que atiendan a los beneficiarios, proporcionándoles información psicológica y social suficiente sobre su caso en particular, los trámites subsecuentes, los tiempos de espera, así como los requisitos que debe satisfacer, asegurando su comprensión y completa satisfacción.
Para dar atención a personas y familias en desamparo se programan las acciones de atención a familias otorgando apoyos económicos de $300.00 y $600.00 pesos mensuales (30 y 60 dólares aprox.) denominados subsidio familiar y hogares familiares, respectivamente, para que la población en situación económica adversa, pueda mejorar sus condiciones de vida, además de otorgar apoyos en especie por única vez a población en desamparo para mejorar su calidad de vida y atender alguna situación emergente o de crisis y fortalecer la economía familiar por medio del servicio de enlace laboral dirigido a población abierta que deseé incorporarse al área laboral, con la posibilidad de colocar a los solicitantes en alguna de las empresas de intercambio que cuentan con vacantes.
Para la atención integral a niñas, niños y adolescentes en desamparo se plantea como objetivo la tención integral e individualizada, apoyándoles temporalmente en el marco de igualdad de oportunidades y equidad de género.
Cabe mencionar que para en esta estrategia define en sus metas a número de niñas, niños y adolescentes programados para su atención por sexo y rango de edad, asimismo para la atención Integral a las y los adultos mayores sujetos de asistencia social, las metas identifican el sexo, siendo el doble la atención de mujeres mayores en correspondencia con los hombres.
Como se aprecia las desigualdades de género no aparecen en materia de programación de esta institución, y cómo se había comentado, aunque en su marco referencial se alude a la perspectiva de género, en materia de implementación el género está ausente, dejando oculta la posición desigual de mujeres y hombres al interior de las familias. De la revisión de las estrategias y programas cabe mencionar que la intervención debe ser satisfactoria y adecuada a las prácticas culturales y familiares, por lo que la política no lleva a la transformación de posibles desigualdades que en la práctica se den al interior.
Otro tema es que los conflictos son dirimidos por la vía conciliatoria, sin tener en consideración la posible posición de desventaja de las mujeres, y en la consideración de que los acuerdos beneficien a las parejas involucradas, evitando daños a menores, puede llevar al planteamiento de que las mujeres deben mantener una posición altruista.
En otro sentido, se identifica que en la atención a personas y familias en desamparo, se pretende que mediante el ingreso económico se resuelvan problemas de pobreza, por lo que el enfoque se reduce a la satisfacción de necesidades básicas en sentido de los ingresos, sin la consideración de que la pobreza no sólo radica en la insuficiencia de medios económicos, sino en la capacidad para conseguir bienestar, como el planteamiento de Sen sobre el desarrollo de capacidades.
Las dificultades de acceso a servicios sociales para el cuidado de las familias no se incorpora en la temática del Sistema Nacional DIF, y los planteamientos de manera general recargan la responsabilidad en la familia, que en nuestras realidades se traduce en la recarga familiar en las mujeres, además de que el cambio que se ha dado a partir de los cambios estructurales en los noventa, lleva a que la recarga en la responsabilidad familiar de las mujeres también tenga implícito el ingreso de recursos económicos.
Como se ha referido en el hipertexto del seminario, según Adelantado, Noguera y Rambla (1999), las políticas sociales pueden familializar (asignar a las familias la provisión de recursos que realizaba el Estado, el mercado o el sector voluntario), o puede desfamiliarizar (trasladar al Estado, a asociaciones voluntarias o al mercado la provisión de recursos que realizaban las familias y la políticas sociales relativas a la esfera comunitaria pueden comunitarizar a las asociaciones voluntarias la provisión de recursos que realizaban las familias, el Estado o mercado, o a la inversa, descomunitarizar, trasladando a las familias, el Estado o el mercado la provisión de recursos que realizan las asociaciones voluntarias.
Conclusión
Mi apreciación sobre el tema abordado es que es importante dar seguimiento a las políticas que se están desarrollando en materia asistencial a través de esta institución, y hacer énfasis en el tema de las desigualdades de género al interior de las familias y las comunidades. Pues a pesar de que normativa y discursivamente se plantea la equidad de género, en el fondo, la posición de subordinación y desigualdad de las mujeres por los roles tradicionales de género al interior de las familias no son mencionados.
La institución que se ha analizado tiene importancia fundamental en la atención de la pobreza, pues su presencia en el territorio es amplia y consolidada, por lo que una propuesta que se plantea de este análisis es que el Observatorio de Género y Pobreza en México debiera tener dentro de sus temas de análisis y evaluación a esta institución y sus políticas.
Bibliografía
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Kabeer, Naila (1994). Realidades trastocadas. Las jerarquías de género en el pensamiento del desarrollo. Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM; Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, y Editorial Paidós Mexicana, S.A. México, 1998.
Orlandina de Oliveira, Marina Ariza (2003). Acerca de las familias y los hogares: estructura y dinámica, en “Familia, trabajo y género: un mundo de nuevas relaciones”. Wainerman, Catalina (comp.). Fondo de Cultura Económica, S.A., Argentina.
Hipertexto del Seminario: Pobreza, Globalización y Género. PRIGEPP, 2008.
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http://www.infamilia.gob.mx/1_1.htm
http://www.dif.gob.mx/desarrollocomunitario/media/Minuta_ags.pdf
http://www.ife.org.mx/documentos/PPP/docs_pdf/PAN_PROGRAMA_DE_ACCION.pdf
http://www.coneval.gob.mx/coneval/medicion.html
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http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/548/37/PDF/N0254837.pdf?OpenElement

EL PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LAS DELEGACIONES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 DEL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO.

Introducción

El desarrollo de políticas económicas desde el nivel macro ha impactado de manera diferenciada a hombres y mujeres en el nivel de la microeconomía. La liberalización del mercado y el menor gasto social con el continuo desmantelamiento del Estado de Bienestar ha llevado al incremento de la pobreza en países en desarrollo. De acuerdo a datos calculados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en México el 18.2 por ciento padece pobreza alimentaria; el 24.7 por ciento pobreza de capacidades y el 47 por ciento de la población pobreza de patrimonio. Esta situación ha llevado a la búsqueda de opciones para la sobrevivencia, desarrollando fenómenos de alto impacto social y económico a nivel nacional y local, como lo es la migración interna y externa y la alta penetración del narcotráfico.

En el Distrito Federal (D. F.) con 8,725,916 habitantes, el 5.4 por ciento vive en pobreza alimentaria; 10.3 por ciento con pobreza de capacidades y el 31.8 por ciento en pobreza de patrimonio, lo que lo coloca en el penúltimo lugar de niveles de pobreza de las 32 entidades de la República Mexicana. Gobernado desde el año de 1997 por el partido más identificado con la izquierda, se han implementado políticas sociales de tipo universal para atención de necesidades de salud, educación y de apoyos económicos a grupos vulnerables (adultos mayores, hijos de madres solteras, personas con discapacidad).

El gobierno electo en el año 2006 propuso desde su campaña incluir la perspectiva de género como eje transversal de las políticas públicas, incluyendo el presupuesto, lo que se ha desarrollado con el acompañamiento de feministas desde las organizaciones de la sociedad civil e institucionalmente con el trabajo del Instituto de las Mujeres de la localidad. Para el año 2008 se han planteado las bases para la formulación de políticas públicas y presupuestos que incluyan la perspectiva de género en el D. F.

Mi interés en este trabajo es analizar cómo se está desarrollando la modificación presupuestal en el nivel delegacional, que es el ámbito gubernamental más cercano a la población, específicamente en los programas operativos anuales.

El Distrito Federal y la equidad de género

En el Programa General de Desarrollo (PGD) 2007-2012 del Gobierno del Distrito Federal (GDF) se ha determinado a la equidad de género como una de las perspectivas transversales, definiendo:

"La equidad de género es una de las prioridades de esta administración, por ello cada una de las dependencias de la administración pública en el Distrito Federal habrá de enfocar su quehacer de acuerdo con esta perspectiva de forma que oriente el conjunto de su actividad. A lo largo de este gobierno habremos de lograr que las mujeres alcancen un efectivo ejercicio de sus derechos y se destierren los mecanismos de subordinación y discriminación que constituyen un lastre para nuestra sociedad".

Plantea que cada una de las perspectivas transversales establece formas en que se definen las estrategias y habrán de traducirse, en los programas sectoriales y especiales, en líneas de acción de las dependencias, y encontrarán expresión en la programación y presupuestación anual.

El diagnóstico sobre mujeres y equidad del PGD muestra que el DF tiene el índice de desarrollo humano más alto del país: 0.8830, que al introducir indicadores de género baja a: 0.8758, lo que se explica con los siguientes datos: el porcentaje de mujeres sin instrucción es mayor al de los hombres, 4.6% contra 2.4%; el 73.5% de la población analfabeta son mujeres.
Aunque la tasa de participación económica de las mujeres va en aumento constante, la inequidad está presente en el ingreso. De los hombres que trabajan, el 6.3% obtienen ingresos menores a 1 salario mínimo, esta proporción es mayor en las mujeres, donde el 11.5% de las mujeres percibe menos de un salario mínimo. Esta brecha es igualmente amplia en los rangos de ingresos superiores, en el grupo de ingresos de más de 10 salarios mínimos, el 7.9% de los hombres se ubica en este nivel, contra el 4.0% de las mujeres. En los últimos 40 años el número de hogares ha incrementado pero también cambiado de características, la participación de los hogares con jefatura femenina va en aumento; en 1960 por cada 100 hogares 16 eran dirigidos por una mujer, en el 2000 fueron 26 y para el 2005 fue de 28.9 por cada 100.

De los objetivos definidos para el eje de equidad se encuentra el de instituir la perspectiva de género como criterio fundamental, permanente, en la formulación y ejecución de las políticas públicas. La perspectiva de género también está referida en las estrategias y objetivos para los ejes de: seguridad y justicia expedita, economía competitiva e incluyente; nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida para todos. En el eje denominado "Gestión pública eficaz y responsabilidad de la sociedad" se considera como acción estratégica que la perspectiva de género será institucionalizada en la cultura organizacional de las dependencias y en todas las acciones y niveles de gobierno y que se emplearán indicadores para evaluar la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas.

El Programa de Igualdad de Género (PIG)

En materia de planeación se identifica un avance sustancial para la equidad de género, que en términos normativos tiene alcance, como se constata en el Manual de Programación-Presupuestación para la formulación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2008, que determina el mismo enfoque de transversalidad e incluye una innovación: el Programa 12 "Igualdad de Género", que es una de las herramientas programático-presupuestarias que permitirá identificar el gasto orientado a actividades institucionales con incidencia, directa o indirecta en la equidad de género. El objetivo, dice el manual, es tener una política de egresos que además de satisfacer las necesidades básicas, promueva el reconocimiento social y el empoderamiento de las mujeres.

El Manual instruye que las actividades institucionales que conformen el PIG podrán ser de tres tipos y deberán cumplir con las siguientes características:

1. "Promover la Equidad de Género": Se compone por una sola actividad institucional e incluirá acciones para la promoción de los derechos humanos de las mujeres; así como acciones dirigidas a sensibilizar, concientizar o promover la equidad de género tanto al interior de la Administración Pública del D. F. como hacia la ciudadanía en general, con la finalidad de lograr una cultura de igualdad sustantiva en la Ciudad. Esta actividad agregará acciones como campañas de difusión, talleres, cursos, o ferias. La unidad de medida para esta actividad será acción;

2. "Diseñar y Coordinar Políticas Públicas con Perspectiva de Género": Se compone por una sola actividad institucional mediante la cual se realizarán acciones que garanticen la transverzalización y fortalecimiento institucional de la perspectiva de género dentro de las políticas públicas del GDF, desde las fase de planeación hasta la ejecución de las mismas. Esta actividad institucional comprenderá acciones de diagnóstico, evaluación y seguimiento, entre otras. La unidad de medida para esta actividad será acción; y

3. Políticas públicas para la igualdad de género: Esta clasificación agrupará actividades institucionales cuya finalidad principal será fomentar la equidad de género. Dichas actividades abarcaran las medidas especiales, de carácter correctivo o compensatorio que realice el GDF para acelerar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; así como las actividades institucionales dirigidas exclusivamente a mujeres u hombres con el fin de cubrir necesidades específicas de su sexo.

Más cerca de la sociedad

En el marco del enfoque institucionalista, en el que son fundamentales las instituciones al regir el comportamiento y las relaciones entre individuos en su actividad cotidiana, y con referencia a la mesoeconomía que plantea Elson (1996, 293) como el nivel situado entre el macro y el micro y que tiene que ver con las estructuras que median entre los individuos y la economía, el análisis que se desarrolla se enfoca a las actividades institucionales que se integran en el presupuesto del PIG, con base al Programa Operativo Anual de cada una de las 16 delegaciones del Distrito Federal, en la consideración de que es el nivel de gobierno con mayor cercanía con la ciudadanía y con mayores posibilidades de implementar actividades para modificar las relaciones sexo-género.

En términos presupuestales se analiza el gasto que las delegaciones orientan al PIG en comparación con el total de sus presupuestos; se incorpora la variable poblacional desglosada por sexo y lo que correspondería de manera general en gasto para cada mujer. Se finaliza el análisis de gasto considerando el porcentaje del PIG con relación al total de presupuesto en correspondencia con los indicadores de desarrollo relativo al género.

Con la finalidad de conocer las prioridades en políticas públicas que las delegaciones determinaron como medidas especiales de carácter correctivo o compensatorio para acelerar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, se analizan las actividades institucionales del PIG.

Presupuestos sensibles al género

Los presupuestos sensibles al género surgen a mediados de la década de los 80, denominados "presupuestos de mujeres" porque se centraban en los impactos que éstos tenían en las mujeres y las niñas. Desde fines de la década de los 90 los términos presupuestos de género, presupuestos sensibles al género, presupuestos con perspectiva de género e iniciativas de presupuestos de género se usan con más frecuencia, reflejan una estrategia para emplear el género como categoría de análisis y tratan de eliminar la tendencia a representar erróneamente los presupuestos de mujeres como presupuestos por separado para las mujeres (Sharp, 2003)

Las iniciativas de presupuestos sensibles al género proponen analizar cualquier forma de gasto público o mecanismo de recaudación de fondos públicos identificando las consecuencias e impactos en las mujeres y las niñas en relación con los hombres y los niños, que pueden tener varias formas: en el ámbito de los gobiernos locales, regionales o nacionales; dentro de los organismos gubernamentales, organizados por funcionarios/as y ministros/as; en asambleas electas, organizadas por representantes electos/as; fuera del ámbito de gobierno, organizadas por investigadores/as y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo una iniciativa de presupuesto sensible a género puede centrarse en una etapa particular del ciclo presupuestal: planificación para identificar los objetivos; estimación para identificar asignaciones financieras para lograr los objetivos; auditorías para identificar malversaciones de fondos; evaluación del alcance en el cumplimiento de los objetivos. (Elson, 2002)

El examen de los presupuestos constituye una parte fundamental del proceso de sensibilización y se requiere evaluar los documentos presupuestarios. Un punto de partida ha sido identificar los gastos sensibles al género y una herramienta útil ha sido categorizar los gastos según se trate de de gastos destinados específicamente a grupos en función del género; gastos gubernamentales para la igualdad de oportunidades de empleo que producen impactos de género significativos; y gastos generales o centrales que pueden tener importantes impactos de género ya sean directos o indirectos. El objetivo de cambiar los presupuestos y las políticas a un enfoque sensible al género no puede realizarse aisladamente; debe ser entendido en relación con los objetivos interrelacionados de sensibilización y rendición de cuentas. La aplicación de cambios presupuestarios es más proclive a ser sostenida si están fundados en buenos análisis y procesos de rendición de cuentas, por medio de los cuales se pueda responsabilizar a los gobiernos por lo que hacen o dejan de hacer. (Sharp, 2003)

Aun cuando hay igualdad de derecho para mujeres y hombres, existen patrones diferenciados de conducta relacionados con lo femenino y con lo masculino transmitidos culturalmente, que se traducen en circunstancias de vida diferenciadas, de donde resulta que las políticas públicas afecten de manera desigual a mujeres y hombres, siendo en muchos casos mayor la desventaja que la cultura transmite hacia las mujeres. (Pérez y Pérez, 2007)

La economía crítica feminista plantea que el funcionamiento de la reforma económica a los niveles micro, meso y macro tiene orientación masculina, perpetuando la relativa desventaja de las mujeres, aunque parezca ser neutral en términos de género, debido a que la teoría económica ortodoxa o crítica es incapaz de tomar en cuenta la desigualdad de las mujeres y de los hombres. Apunta la necesidad de analizar cómo está conformada la orientación masculina a los niveles meso y macro, a nivel de instituciones mediadoras y de agregados monetarios. Refiere que a nivel meso, el funcionamiento de los mercados, empresas y dependencias del gobierno adquiere género mediante las normas y redes de protección social para el buen funcionamiento de las instituciones y la familia es una institución de género de manera intrínseca. Asimismo plantea que las reformas de política económica frecuentemente incluyen el surgimiento de nuevas instituciones del nivel meso, pues la tendencia es la reducción del Estado creando agencias gubernamentales de otra clase, las que tenderán a promover instancias de orientación masculina, en las que las mujeres son excluidas o se encuentran en situación de desventaja, por lo que las reformas de políticas económicas aun cuando no sean de orientación masculina por su diseño, lo serán por omisión. Se puede introducir el análisis de género en el nivel meso estudiando cómo las normas y organizaciones sociales necesarias para el funcionamiento de las instituciones son portadoras de género. (Elson, 1994)

Como refiere Alma Espino (2006), para que las políticas cumplan con objetivos de eficiencia y justicia social, deben considerar en qué medida el rol reproductivo de las mujeres y las desigualdades de género impiden que éstas se beneficien de las ganancias de las políticas. Se trata de construir la institucionalidad necesaria para acompañar y guiar los procesos, ampliando el análisis con las múltiples interacciones que le dan sentido y forma a los procesos económicos. La inclusión de la dimensión de género y la equidad en el debate político y estratégico de los acuerdos de integración económica y comercial así como de los aportes de la economía feminista que desafía el paradigma económico prevaleciente pueden contribuir a superar los obstáculos históricos de América Latina para alcanzar el desarrollo humano.

Hipótesis de trabajo

La proporción de gasto para el PIG no tiene relación con indicadores de desarrollo relativo al género, ni con estimaciones de pobreza en las delegaciones del Distrito Federal.

Las actividades institucionales del programa de igualdad de género en el ámbito delegacional no son homogéneas y no atienden las causas estructurales de la desigualdad en el sistema sexo-género del Distrito Federal.

El gasto para el Programa de Igualdad de Género (PIG).

La primera identificación es el presupuesto total del PIG en cada delegación y su relación con el total del presupuesto a aplicar.

DELEGACIÓN	PPIG1	PRESUPUESTO TOTAL DE LA DELEGACIÓN1	PORCENTAJE
CUAUHTEMOC	659,360.00	1,952,527,390.00	0.0337
ALVARO OBREGON	3,336,471.00	1,555,625,393.00	0.2144
MILPA ALTA	1,900,000.00	732,759,512.00	0.2592
GUSTAVO A. MADERO	6,962,974.00	2,539,325,774.00	0.2742
BENITO JUÁREZ	3,290,650.00	1,067,059,618.00	0.3083
IZTACALCO	7,256,000.00	1,060,227,669.00	0.6843
TLALPAN	12,353,816.00	1,421,020,005.00	0.8693
TLAHUAC	8,861,770.00	931,838,002.00	0.9509
XOCHIMILCO	11,743,239.00	1,112,304,920.00	1.0557
COYOACAN	17,162,906.00	1,377,282,598.00	1.2461
AZCAPOTZALCO	14,707,322.00	1,065,490,604.00	1.3803
IZTAPALAPA	41,423,083.00	2,942,243,007.00	1.4078
MAGDALENA CONTRERAS	11,923,690.00	701,641,056.00	1.6994
MIGUEL HIDALGO	29,835,417.00	1,346,568,912.00	2.2156
VENUSTIANO CARRANZA	35,631,197.00	1,471,281,551.00	2.4217
CUAJIMALPA	26,413,694.00	709,172,067.00	3.7245
TOTALES	233,461,589.00	21,986,368,078.00	1.0618

Tabla 1. Elaboración propia con base al Programa Operativo Anual del Gobierno del Distrito Federal para 2008.
PPIG. Presupuesto del Programa de Igualdad de Género

¹ En pesos mexicanos.

La información se presenta en orden ascendente conforme se incrementa el porcentaje de presupuesto destinado al PIG con respecto al presupuesto total de las delegaciones. La disparidad mayor resulta entre Cuauhtémoc (0.03) y Cuajimalpa (3.72). Considerando la media, por cada cien pesos presupuestados sólo un peso es orientado al PIG.

La diferencia en el porcentaje de recursos puede responder a diversas razones, como la poblacional, por lo que se analiza la relación del presupuesto con el número de habitantes: hombres y mujeres. También se indican los recursos que corresponderían a cada habitante para el programa y los que corresponderían a cada mujer en la consideración de que posiblemente las actividades institucionales derivadas del programa estén dirigidas a mujeres.

DELEGACIÓN	MUJERES	HOMBRES	TOTAL	PPIG1	PPIG PER CAPITA1	PPIG POR MUJER1
CUAUHTEMOC	274,505	241,750	516,255	659,360.00	1.28	2.40
ALVARO OBREGON	359,589	327,431	687,020	3,336,471.00	4.86	9.28
MILPA ALTA	48,875	47,898	96,773	1,900,000.00	19.63	38.87
GUSTAVO A. MADERO	640,409	595,133	1,235,542	6,962,974.00	5.64	10.87
BENITO JUÁREZ	200,069	160,409	360,478	3,290,650.00	9.13	16.45
IZTACALCO	215,321	196,000	411,321	7,256,000.00	17.64	33.70
TLALPAN	301,698	280,083	581,781	12,353,816.00	21.23	40.95
TLAHUAC	155,321	147,469	302,790	8,861,770.00	29.27	57.05
XOCHIMILCO	187,915	181,872	369,787	11,743,239.00	31.76	62.49
COYOACAN	339,994	300,429	640,423	17,162,906.00	26.80	50.48
AZCAPOTZALCO	230,907	210,101	441,008	14,707,322.00	33.35	63.69
IZTAPALAPA	909,104	864,239	1,773,343	41,423,083.00	23.36	45.56
MAGDALENA CONTRERAS	115,581	106,469	222,050	11,923,690.00	53.70	103.16
MIGUEL HIDALGO	192,508	160,132	352,640	29,835,417.00	84.61	154.98
VENUSTIANO CARRANZA	243,606	219,200	462,806	35,631,197.00	76.99	146.27
CUAJIMALPA	79,352	71,870	151,222	26,413,694.00	174.67	332.87

Tabla 2. Elaboración propia con base a la información poblacional del Censo 2000 de INEGI.

¹ En pesos mexicanos.

Se encuentran cambios en el gasto por persona en algunas delegaciones, pero no se modifican los extremos hallados en Cuauhtémoc y Cuajimalpa. A continuación se muestran indicadores de pobreza estimados por CONEVAL.

DELEGACIÓN	PPIG PER CAPITA1	PPIG POR MUJER1	POBREZA ALIMENTARIA	POBREZA DE CAPACIDADES	POBREZA DE PATRIMONIO
BENITO JUÁREZ	9.13	16.45	0.5	1.2	6.4
MIGUEL HIDALGO	84.61	154.98	1.9	4.1	16.5
COYOACAN	26.80	50.48	2.4	5.0	18.9
TLALPAN	21.23	40.95	3.6	7.1	24.4
CUAUHTEMOC	1.28	2.40	4.1	8.1	26.6
AZCAPOTZALCO	33.35	63.69	3.8	7.7	27.1
CUAJIMALPA	174.67	332.87	3.9	7.9	27.4
ALVARO OBREGON	4.86	9.28	14.4	8.7	29.3
MAGDALENA CONTRERAS	53.70	103.16	5.0	9.9	32.1
IZTACALCO	17.64	33.70	5.4	10.4	32.9
VENUSTIANO CARRANZA	76.99	146.27	6.1	11.4	34.4
GUSTAVO A. MADERO	5.64	10.87	6.0	11.4	35.0
XOCHIMILCO	31.76	62.49	7.1	13.2	37.9
MILPA ALTA	19.63	38.87	10.9	17.6	40.8
IZTAPALAPA	23.36	45.56	7.6	14.3	41.6
TLAHUAC	29.27	57.05	10.3	18.2	46.9

Tabla 3. Elaboración propia con indicadores de pobreza estimados por CONEVAL.

¹ En pesos mexicanos.

Se observa en la Tabla 3 que no hay correspondencia entre el gasto por persona para el PIG y las estimaciones de pobreza, por lo que se tratará de relacionar el gasto por mujer con los indicadores relativos a género.

DELEGACIÓN	PPIG POR MUJER1	DELEGACIÓN	IDG
CUAUHTEMOC	2.40	Benito Juárez	0.9060
ALVARO OBREGON	9.28	Miguel Hidalgo	0.8701
GUSTAVO A. MADERO	10.87	Tlalpan	0.8479
BENITO JUÁREZ	16.45	Álvaro Obregón	0.8396
IZTACALCO	33.70	Venustiano Carranza	0.8355
MILPA ALTA	38.87	Cuajimalpa	0.8276
TLALPAN	40.95	Xochimilco	0.8192
IZTAPALAPA	45.56	Tlahuac	0.8026
COYOACAN	50.48	Coyoacan	0.8712
TLAHUAC	57.05	Cuauhtémoc	0.8581
XOCHIMILCO	62.49	Azcapotzalco	0.8360
AZCAPOTZALCO	63.69	Iztacalco	0.8360
MAGDALENA CONTRERAS	103.16	Magdalena Contreras	0.8301
VENUSTIANO CARRANZA	146.27	Gustavo A. Madero	0.8264
MIGUEL HIDALGO	154.98	Iztapalapa	0.8115
CUAJIMALPA	332.87	Milpa Alta	0.7721

Tabla 4. Elaboración propia con base a la información con base a IDG de PNUD 2000.
¹ En pesos mexicanos.

En la lógica de que a menor índice de desarrollo relativo al género se requiere mayor presupuesto para programas de igualdad de género, sólo en dos delegaciones hay coincidencia en la posición que ocupan en la tabla 2.

Los resultados no dan respuesta a las diferencias presupuestales para el PIG en las delegaciones, y refleja que los indicadores relativos a género y de pobreza, que podrían dar un diagnóstico para definir prioridades en políticas públicas como medidas especiales de carácter correctivo o compensatorio para acelerar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres son considerados eventualmente.

En términos de gasto se comprueba parcialmente la primera hipótesis por la coincidencia en las Delegaciones Coyoacán y Magdalena Contreras, relacionando el gasto del PIG para cada mujer que habita en esas delegaciones y los indicadores relativos a género.

La relación de gasto del PIG con estimaciones de pobreza no tiene correspondencia, por lo que no aplicaría el planteamiento del PNUD para el desarrollo humano sostenible, que refiere a la igualdad de género como uno de sus pilares para la reducción de la pobreza, con el razonamiento de que sin el empoderamiento y avance de las mujeres, sin la promoción de la igualdad de género, no puede reducirse la pobreza (Cagatay, 1999).

Las actividades institucionales del Programa de Igualdad de Género

El PIG incorpora actividades institucionales, que de acuerdo a la definición del manual: la finalidad principal es fomentar la equidad de género, abarcando medidas especiales, de carácter correctivo o compensatorio para acelerar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; así como las actividades institucionales dirigidas exclusivamente a mujeres u hombres con el fin de cubrir necesidades específicas de su sexo.

DELEGACIÓN	AI 1	AI 2	AI 3	AI 4	AI 5	AI 6
CUAUHTEMOC	1,800 niños
ALVARO OBREGON	2,200 niños				12 proyectos
MILPA ALTA	613,143 niños
GUSTAVO A. MADERO	2,247 niños
BENITO JUÁREZ	650 niños
IZTACALCO	944 niños	52 eventos	8,000 estudios
TLALPAN	420 niños			9 apoyos
TLAHUAC	800 niños		2,000 estudios
XOCHIMILCO	3,240 niños		1,000 estudios
COYOACAN	1,800 niños			1,800 apoyos
AZCAPOTZALCO	800 niños	2 eventos	1,948 estudios	3,000 apoyos		360 personas
IZTAPALAPA	2,500 niños	158 eventos
MAGDALENA CONTRERAS	350 niños				5 proyectos
MIGUEL HIDALGO	1,400 niños	934 eventos				660 personas
VENUSTIANO CARRANZA	2,418 niños
CUAJIMALPA	740 niños

Tabla 5. Elaboración propia de acuerdo al Programa Operativo Anual del Gobierno del Distrito Federal.
AI. Actividad Institucional.
AI 1. Proporcionar atención a niños y niñas en centros de desarrollo infantil (CENDIS).
AI 2. Promover la equidad de género.
AI 3. Realizar estudios de mastografías.
AI 4. Otorgar apoyos a jefas de familia.
AI 5. Promover el desarrollo de la mujer empresaria.
AI 6. Prevenir y atender la violencia familiar y comunitaria.

Por la limitación de este trabajo tomaré para analizar la actividad que han presupuestado todas las delegaciones: proporcionar atención a niños y niñas en centros de desarrollo infantil.

Para tener mayores elementos de análisis he localizado un instrumento formal denominado "Normas Generales para la Prestación del Servicio Educativo Asistencial en los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales del Gobierno del Distrito Federal", que define:

Los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales (CENDIDEL), son instituciones cuya misión es otorgar con oportunidad y calidad un servicio educativo-asistencial en los niveles inicial y preescolar, preferentemente, a los hijos de madres, padres o tutores trabajadores, hasta donde los recursos humanos, económicos y materiales lo permitan según la capacidad instalada.

Tienen derecho al servicio educativo-asistencial en los CENDIDEL, todas las niñas y niños de la población en general en edades de 45 días a 5 años 11 meses, preferentemente los hijos (as) de madres, padres o tutores trabajadores.

El encontrar que tanto padres como madres son beneficiarios del servicio de los centros de desarrollo infantil, consideré que estamos por un camino en la búsqueda de modificar las relaciones de sexo-género al interior de las familias, descargando a las mujeres de su rol cuidador de la/os hija/os, pero en la búsqueda de los requisitos para ingreso en algunas delegaciones encontré algunas variaciones:

ALVARO OBREGON	Brinda servicio educativo-asistencial de calidad y excelencia a infantes de 6 meses a 5 años 11 meses, hijos de madres trabajadoras y de comunidad abierta.
BENITO JUÁREZ	El objetivo de los CENDI …ofrecer a la población que fluctúa entre los seis meses y los cinco años 11 meses de edad un servicio integral, educativo asistencial que proporcione tranquilidad emocional a las madres trabajadoras durante su jornada laboral; certidumbre que desembocará en un mejor rendimiento.
COYOACAN	Brindar el servicio de educación inicial y preescolar a niños preferentemente a madres trabajadoras, locatarias en los 19 Centros de Desarrollo Infantil.
IZTAPALAPA	Serán Beneficiados de servicio: Niñ@s de 45 días de nacido a 5 años 11 meses cumplidos al 31 de diciembre, prioritariamente hijos de madres trabajadoras. Padres y madres trabajadores, que tengan la patria potestad de l@s niñ@s y los tutores que así lo acrediten. Hijos de madres no trabajadores, en los casos en que la capacidad instalada del CENDI así lo permita.
MIGUEL HIDALGO	Los Centros de Desarrollo Infantil originalmente llamados Guarderías, tenían como objetivo cuidar y proteger a los hijos de las madres trabajadoras durante su jornada laboral, actualmente los servicios que en éstos se brinda rebasan sobre manera esta finalidad, por lo que es preciso erradicar el término Guardería que se sigue utilizando y sustituirlo por el de Centro de Desarrollo Infantil CENDI, que permite en una forma objetiva distinguir su propósito fundamental: el desarrollo integral del niño.
VENUSTIANO CARRANZA	Procurar atención a niños y niñas en guardería, dando mayor prioridad a las madres trabajadoras, promoviendo el desarrollo integral de los niños y niñas.
CUAJIMALPA	Los CENDIDEL Cuajimalpa, tienen como misión brindar un servicio educativo – asistencial de calidad y excelencia a los hijos de las madres trabajadoras y de escasos recursos económicos, cuyas edades oscilan entre 90 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad.

 

Como se puede observar con excepción de Iztapalapa, las otras delegaciones únicamente se refieren a hijo/as de madres y no de padres.

La primera reflexión con lo hallado en el análisis de las actividades institucionales es que todas las delegaciones tuvieron como prioridad proporcionar atención a niños y niñas en centros de desarrollo infantil, lo cual puede facilita a las mujeres para incorporarse en el mercado de trabajo. Aun más allá de la facilitación que esta política resulte para las mujeres, el hecho de que formalmente se considere a padres y madres como beneficiarios podría incidir en la transformación en las relaciones desiguales en el cuidado de los hijos, pero el hallazgo de modificaciones de la norma en los casos concretos, lleva a la reflexión que desde la economía crítica feminista en cuanto a que las reformas tienen orientación masculina, además de ello se aprecia que en la mayoría de las delegaciones el requisito para el servicio de atención a los hija/os, es que se compruebe el trabajo remunerado, quedando el trabajo de cuidado como una variable externa de la economía.

Como lo expresan Guzmán y Todaro (2001), podemos observar la centralidad de la producción mercantil como objetivo económico, implicada la persistencia de una cultura masculina del trabajo, sin dar relevancia a los procesos de cambio de las relaciones de género, con la idea de que lo que ocurre fuera del la producción mercantil no tiene movilidad, y se asignan mediante políticas públicas procesos que llevan a la superioridad de la economía de mercado sin contar con las repercusiones y contradicciones que se implican, pues los marcos interpretativos dominante no consideran los efectos no económicos.

Como se aprecia las políticas públicas no son neutras al género, y en términos del neo-institucionalismo, más allá de las instituciones formales existen también las informales (costumbres, concepciones y prácticas cotidianas), por lo que atendiendo la perspectiva de género se hace necesario tener en cuenta los aspectos que se relacionan con la asignación cultura de roles en función del sexo y la transformación de las instituciones informales (Ocampo, 1998)

Grynspan (1998) refiere que la nueva institucionalidad pública ha llevado a los Estados a promover la descentralización para acercarse a los usuarios y responder las demandas particulares, sin la aplicación de políticas homogéneas que no toman en cuenta las especificidades locales y la heterogeneidad de situaciones, pero como se constata con los resultados del análisis, los peligros de una descentralización mal manejada es que puede aumentar la desigualdad al variar los estándares de calidad en la provisión de servicios. De no considerar la participación de las mujeres logrando su empoderamiento, la descentralización podría llevar a la exclusión de las mujeres de los procesos políticos locales y la profundización de las desigualdades sociales y de género.

La incapacidad de situar el trabajo de reproducción en un marco analítico adecuado lleva a silenciarlo, como un trabajo invisible. Lo que se oculta no es el trabajo doméstico, sino la relación de producción reproducción que se ha analizado como una cuestión privada y como un problema específicamente femenino. A las mujeres se les exige que compensen las insuficiencias de los servicios públicos y los efectos destructivos del mercado laboral, siendo la familia el lugar donde se descargan las tensiones y las inseguridades de esos efectos. (Picchio, 1994)

La segunda hipótesis se cumple, dado que las actividades institucionales priorizadas en el PIG no son homogéneas y no llevan a modificaciones de las relaciones de género. Aunque en el caso de Iztapalapa se aprecia un marco diferente de implementación, en general se identifican dos circunstancias: Aunque normativamente la/os hija/os de padres y madres pueden acceder a la atención en los centros de desarrollo, en la implementación se determina el acceso a hija/os de las madres; 2. Normativamente se invisibiliza el trabajo doméstico para el acceso al servicio, preponderando el trabajo remunerado.

Conclusión

La modificación de los esquemas de presupuestación para el Distrito Federal da cuenta del avance que han posibilitado diferentes fuerzas institucionales como el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y la Comisión de Equidad y Género del ámbito legislativo local, así como las organizaciones feministas, lo cual nos lleva a tener un piso formal por el que se pueda incidir en el nivel delegacional para la reformulación de políticas, programas y presupuestos, que más allá de cumplir normativamente los requerimientos determinados desde la centralidad de la Administración Pública, signifiquen transformaciones en la manera de concebir la perspectiva de género.

Esta reflexión me plantea la importancia de atender el tema local, específicamente en los ámbitos delegacionales, sensibilizando y capacitando a los programadores y presupuestadores en la perspectiva de género con un enfoque de transversalidad, de forma que se atiendan las desigualdades de género en los próximos presupuestos para el Distrito Federal. Afortunadamente se ha generado la preocupación en esos ámbitos de gobierno y de acuerdo a lo que he dado seguimiento se están realizando diversos procesos para hacer posible una política efectiva de igualdad de género.

Retomo el planteamiento de Cristina Carrasco (1999), sobre las nuevas propuestas teóricas y metodológicas para un análisis realista del funcionamiento social y económico, con los modelos de negociación, considerando a la familia una institución de conflicto cooperativo, y el desarrollo de un enfoque global integrador que elimine los dualismos tradicionales en economía.

Bibliografía

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Cagatay, Nilufer (1999): "Incorporación de género en la macroeconomía".
Versión revisada de una ponencia preparada para la Reunión de Expertas del World Survey on the Role of Women in Development. Julio 1-3, en Ginebra, Suiza.

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